El Gobierno español ha aprobado un nuevo proyecto de ley para la protección de menores en los entornos digitales, con el objetivo de garantizar un uso más seguro y saludable de las tecnologías entre la infancia y la adolescencia. Una de las principales medidas que introduce esta ley es la obligatoriedad de incorporar un control parental en todos los nuevos dispositivos digitales fabricados, que será activado de manera predeterminada al configurar el aparato. Este control, gratuito y fácil de utilizar, permitirá a los padres restringir el acceso a contenidos, aplicaciones y servicios inapropiados para los menores, y estará acompañado de un etiquetado informativo sobre los riesgos de un uso incorrecto de la tecnología para el desarrollo físico, mental y moral de los niños.

El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, destacó que quienes no cumplan con esta nueva normativa enfrentarán sanciones. Insistió en que los controles parentales deben ser efectivos, eliminando los sistemas que no cumplen su función. Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, subrayó la importancia de una herramienta de verificación de edad pública y gratuita, que definirá claramente el acceso a contenidos según la edad del usuario.

El proyecto de ley, impulsado por los ministerios de Juventud e Infancia y Justicia, con la colaboración de otras áreas como Educación, Transformación Digital y Derechos Sociales, tiene como fin reconocer y proteger los derechos de los menores frente a los peligros de los contenidos digitales. Entre sus objetivos se encuentra el derecho a ser protegidos de materiales perjudiciales para su desarrollo y a recibir información clara y adecuada sobre el uso de las tecnologías.

Además, la nueva normativa contempla la creación de una Estrategia Nacional que incluirá medidas preventivas y la promoción de un uso más responsable de los entornos digitales, haciendo énfasis en la necesidad de un control democrático de las redes sociales y su protección frente a intereses privados. Este enfoque busca evitar que las grandes corporaciones tecnológicas, en su mayoría multinacionales estadounidenses, tengan un control absoluto sobre los entornos digitales que afectan a los menores.

En cuanto al ámbito sanitario, la ley obligará a la implementación de programas de prevención en atención primaria, con el fin de detectar de manera precoz problemas relacionados con el uso excesivo o inadecuado de las tecnologías, tanto en el plano físico como emocional y psicológico de los menores.

Por otro lado, el uso de dispositivos digitales en los centros educativos también será regulado por la ley. Los colegios deberán adaptar los ordenadores y tabletas a las necesidades pedagógicas de los alumnos de acuerdo con su edad y el currículo educativo establecido por la LOMLOE. Además, los centros de enseñanza deberán diseñar anualmente un plan digital para regular el uso didáctico de estos dispositivos en las aulas, garantizando la alfabetización digital de los estudiantes desde la etapa infantil hasta el final de la educación secundaria.

La elaboración de esta ley se ha llevado a cabo tras un exhaustivo proceso de consulta, que incluyó 23 informes de organismos públicos, privados y de la Comisión Europea. El proyecto también ha contado con la participación de expertos en diversas áreas, quienes han proporcionado recomendaciones para asegurar que los dispositivos y aplicaciones utilizadas en el ámbito educativo y privado de los menores sean apropiados y seguros.

Con este marco normativo, el Gobierno español busca abordar los retos y peligros del entorno digital actual, protegiendo de manera eficaz a los menores mientras se promueve un uso saludable y controlado de las tecnologías.

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