Nos hacemos eco de la siguiente noticia compartida desde ElDiario.es, y es que el pleno del Congreso ha dado luz verde a una medida histórica: la creación de juzgados especializados en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Esta iniciativa, incluida en la Ley de Eficiencia de la Justicia, busca replicar el modelo existente desde 2005 para la violencia de género. La medida, aplaudida como un avance fundamental en su protección, fue finalmente aprobada tras superar tensiones políticas y con la oposición del PP, que intentó bloquearla en el Senado.

La necesidad de estos órganos quedó patente con cifras alarmantes: en 2022, la Fundación ANAR atendió 17.896 casos de menores, de los cuales el 40% sufrían violencia, desde maltrato físico y psicológico hasta acoso escolar o abandono. Además, un 43% de las agresiones sexuales denunciadas en España tuvieron como víctimas a menores de edad, según datos del Ministerio del Interior. Sin embargo, la ley deja en manos de la «carga de trabajo» de cada territorio la creación de estas secciones, lo que ha generado preocupación por posibles desigualdades territoriales.

El Gobierno y las comunidades autónomas tendrán el reto de formar a jueces y equipos psicosociales para garantizar una atención adaptada y especializada. Aunque desde Save the Children celebran la medida como «un paso fundamental», subrayan que la justicia debe avanzar hacia un modelo integral que no revictimize a los niños, niñas y adolescentes. Entre las propuestas, destacan la implementación de espacios amigables como el modelo Barnahus y la generalización de la prueba preconstituida para protegerles durante el proceso judicial.