“En la presente legislatura ha habido importantes avances en términos de derechos de infancia como la aprobación de la Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), la constitución del Consejo Estatal de Participación de la infancia y la adolescencia o el complemento del Ingreso Mínimo Vital para la infancia en situación de pobreza” ha explicado Ricardo Ibarra “Sin embargo, en 2022 es necesario consolidar estos avances con desarrollos legislativos, estrategias y dotación presupuestaria suficiente para que tengan un impacto real en la vida y derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

En los últimos meses, los efectos de la crisis provocada por la COVID-19 han empezado a ser evidentes en la sociedad española, especialmente en muchos hogares vulnerables que han visto como sus condiciones socioeconómicas se han deteriorado aún más. De hecho, según señalan las organizaciones de infancia, los primeros datos empiezan a apuntar que las familias con hijos son las que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. 

“Las políticas de infancia en España no han contado históricamente con la relevancia suficiente, especialmente desde el punto de vista presupuestario, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos de nuestro entorno, dónde las inversiones en infancia están protegidas. Por ello, en situaciones de crisis económicas son los que más sufren las consecuencias, al no priorizar su protección blindando las inversiones estratégicas para los niños, niñas y adolescentes” ha añadido Ibarra. 

• Propuestas de Infancia para la XIV legislatura 2022: La infancia en el centro de las políticas públicas

Actualmente España es el tercer país de la UE con la tasa más alta de pobreza infantil, con un 27,4% de tasa de riesgo de pobreza infantil que se encuentra casi 10 puntos porcentuales por encima de la media de la UE 15 (17,9%). Esta situación afecta diariamente al desarrollo, derechos y oportunidades de 2,1 millones de niños y niñas, y que, además, condiciona su futuro, ya que el 81% de ellos vivirán en la pobreza cuando crezcan. Por ello, la Plataforma de Infancia recomienda una deducción reembolsable que priorizaría la equidad y perseguiría la universalidad, garantizar el acceso al comedor escolar a todos los niños y niñas en situación de pobreza, poner en marcha el plan de acción de Garantía Infantil europea en colaboración con la sociedad civil especializada, y mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital, garantizando que alcanza a todos los niños y niñas en pobreza. 

Además, ante la ausencia de políticas de equidad en el ámbito educativo y las elevadas tasas de abandono escolar en España, una de las más alta de la UE, (16% frente a la media europea de 10,2%) y de repetición de curso, la Plataforma de infancia propone, entre otras medidas, aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio desde el 0,17% del PIB actual al 0,44% del PIB en 2025, simplificar y agilizar la solicitud y adjudicación de las ayudas, garantizar la accesibilidad a dispositivos electrónicos, conexión a Internet en todas las etapas educativas y aumentar progresivamente la oferta de plazas públicas, hasta 70.000 en educación infantil de 0 a 3 años.

Además, la Plataforma de Infancia considera necesario promover y apostar el derecho a la participación infantil. Para ello propone fortalecer, consolidar y dotar de recursos los canales estables de participación infantil en los órganos de las Administraciones locales, autonómicas y estatales; difundir y sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de la infancia y, en particular, sobre su derecho a ser escuchados y participar en todos los asuntos que les afecten; fomentar, garantizar e impulsar el asociacionismo infantil en todas las edades, y reforzar las diferentes estructuras de participación infantil, como pueden ser asociaciones, centros educativos, entidades, colectivos, etc. 

En 2020 se presentaron 35.778 denuncias que tenían como víctima a una niña, niño o adolescente. De ellas, 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual, la mayoría contra niñas, 4.463 eran de niñas y chicas adolescentes y 5.851 denuncias por violencia en el ámbito familiar, siendo las más afectadas las adolescentes entre 14-17 años. Por ello la Plataforma de Infancia propone desarrollar y adaptar las legislaciones autonómicas a la LOPIVI, asegurar inversión suficiente para todos los ámbitos que la ley regula y crear Juzgados especializados y una Fiscalía especializada en violencia contra la infancia. 

Otras propuestas de las organizaciones de infancia son destinar recursos suficientes para atender la realidad de los niños y niñas migrantes no acompañados, así como reformar el procedimiento de determinación de la edad, aprobar una Ley Orgánica de universalización de la atención temprana, reforzar las medidas de prevención para evitar la entrada de niños y niñas en el sistema de protección o reforzar los servicios sociales para favorecer la reintegración de los hijos e hijas retirados de tutela con sus familias cuando hayan cambiado las circunstancias que lo motivaron. 

“Este es un año clave para no dejar a nadie atrás. Las niñas y niños que ahora vean vulnerados sus derechos van a ver reducidas sus posibilidades futuras y, por tanto, las de toda la sociedad. Por ello, ahora más que nunca las distintas administraciones públicas deben priorizar a la infancia” ha añadido Ibarra “Las organizaciones de infancia seguiremos trabajando para que podamos levantarnos con titulares positivos sobre el cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia”.