La POI Madrid, como parte de la Plataforma de Infancia, apoya la reivindicación de la POI Estatal sobre la incorporación de enmiendas en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia en su paso por el Senado.

La Plataforma de Infancia, red conformada por 75 organizaciones de Infancia, insiste en que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado, debería incorporar una serie de enmiendas si quiere garantizar de forma efectiva la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia.

Dichas enmiendas incluyen prohibir la exploración de los genitales de niños y niñas no acompañados en el procedimiento de determinación de la edad, extienden la obligación de realizar la prueba preconstituida a todos los menores de edad, reforzar la protección de los niños y niñas cuya tutela ostenta la Administración y prohibir el uso de medidas de contención mecánica.

“Aunque estamos deseosos de que se apruebe esta Ley, no podemos permitirnos que
deje fuera cuestiones esenciales para garantizar la protección frente a la violencia de
todos los niños, niñas y adolescentes” explica Almudena Escorial, Responsable de
Incidencia Política de la Plataforma de Infancia. “El Senado aún está a tiempo de
incorporar recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas
y de las organizaciones de infancia a esta Ley, que va a ser ejemplo en el mundo”

Aunque se hayan introducido mejoras en su paso por el Congreso, las organizaciones
de infancia señalan que todavía hay cuestiones que deberían ser abordadas en el
Senado, como el procedimiento para determinar la edad de los niños y niñas
migrantes que llegan a nuestro país. En este sentido, el Defensor del Pueblo, el
Tribunal Supremo y el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas han
urgido reiteradamente a España a modificar este procedimiento. Especialmente
contundente se ha mostrado el Comité con la prohibición de los desnudos
integrales y la exploración de los genitales a los que son sometidos estos niños y
niñas.

“Esta práctica que, como señala el Comité sobre los Derechos del Niño infringe su
dignidad, su privacidad y su integridad corporal, no resulta nada efectiva para evaluar
la edad, por lo que debería ser prohibida en esta Ley si queremos proteger
efectivamente a los niños y niñas de cualquier forma de violencia” añade Escorial.

Por otra parte, la Plataforma de Infancia considera también necesario reforzar la
prueba preconstituida. Esta prueba, que consiste en que el niño/a testifique una sola
vez en toda la instrucción judicial y que su testimonio pueda ser usado como prueba,
es una medida muy positiva para evitar la revictimización de los niños y niñas en el
ámbito judicial. Si bien el proyecto de ley prevé que se haga para los menores de 14
años, la Plataforma de Infancia considera que debería extenderse a todas las
personas menores de edad que deban intervenir en un procedimiento judicial.

Asimismo, se debería garantizar que se practique siempre por personas expertas.
Otra medida de vital importancia que debería ser abordada en el Senado es la
prohibición de las medidas de contención mecánica en los centros de internamiento de menores infractores. La Plataforma de infancia considera que las sujeciones mecánicas, de cualquier tipo (elementos sanitarios, grilletes, esposas…) no deberían estar permitidas en ningún tipo de centro, ya que se trata de medidas de contención mecánica que el Defensor del Pueblo ha instado a eliminar del ordenamiento jurídico. Esta institución considera que este tipo de sujeciones “exige el uso de la fuerza, por lo que constituye siempre una situación de riesgo, estando en juego derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física”.

Por último, la Plataforma de Infancia señala que el proyecto de ley no aborda
suficientemente la necesidad de reforzar la protección de los niños y niñas
privados de cuidado parental y considera esencial asegurar que es un ámbito
prioritario en la ley y en la estrategia a desarrollar, sobre el que se tomen medidas
específicas, como el establecimiento de una figura análoga al coordinador de
protección de los centros educativos

“Los niños y niñas tutelados por las Administraciones públicas bajo el sistema de
protección son uno de los grupos más vulnerables frente a la violencia. Además, los
sistemas de protección carecen de las herramientas necesarias para protegerlos,
especialmente en recursos residenciales grandes” explica Escorial. De hecho, el
Comité sobre los Derechos del Niño mostró su preocupación a España en 2018 por
“los casos de malos tratos y de trato degradante«.