España enfrenta importantes retos en materia de apoyo a la crianza, lo que genera un fuerte impacto económico y laboral en las familias, especialmente en aquellas más vulnerables. Según Save the Children, el coste medio de la crianza asciende a 758 euros mensuales, mientras que el país presenta la segunda tasa más alta de pobreza infantil en la Unión Europea, con un 28,9 %. Pese a esta realidad, España sigue sin contar con una ayuda universal para la crianza, como ocurre en otros países europeos.

La Ley de Familias, en tramitación parlamentaria desde marzo de 2024, busca mejorar la protección social, la conciliación laboral y el reconocimiento de los diversos modelos familiares. Aunque algunas medidas, como los permisos parentales y la ampliación de permisos de lactancia, se han implementado mediante Decretos Ley, aún falta incorporar aspectos clave, como la remuneración de los permisos parentales. Este retraso en la transposición de la Directiva Europea de Conciliación Familiar ha llevado a sanciones por parte de la Comisión Europea.

Desde nuestra entidad colaboradora Plataforma de Infancia se insiste en la urgencia de avanzar en esta ley para garantizar el bienestar de niños y niñas, como bien han expresado en la siguiente noticia. Entre las propuestas prioritarias destacan la universalización de las prestaciones por crianza, el reconocimiento de derechos específicos para familias monoparentales y la ampliación de permisos para cuidado infantil. Estas medidas son fundamentales para atajar la pobreza infantil, mejorar la conciliación y garantizar los derechos de la infancia en España.