Se ha estudiado el programa CODI cuya financiación para Madrid se espera en 2024

Hoy, las entidades que forman parte de la Plataforma de Organización de Infancia de Madrid (POI Madrid), se han reunión en sesión plenaria para valorar el año y estudiar el programa CODI (Competencias Digitales para la Infancia), que se anunció hace más de un año y cuya financiación para la Comunidad de Madrid llegará seguramente en 2024. La cantidad asignada a nuestro territorio supera los cinco millones ochocientos mil euros.

Algunas de las entidades socias que tienen implantación a nivel nacional han informado a las demás sobre las posibilidades que ofrece la plataforma digital creada por el Ministerio de Educación para la formación digital de las niñas, niños y adolescentes españoles en horario extraescolar con fondos NextGeneration. Esta iniciativa nacional se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para hacer frente a las necesidades alineadas con la inversión 1, Medida 3 del componente 19, Plan Nacional de Competencias Digitales enfocadas a competencias digitales básicas a niños, niñas y adolescentes en riesgo de exclusión digital. La plataforma para el desarrollo de las competencias digitales básicas aún sin concluir será la base para impartir esta docencia en los proyectos formativos que se vean beneficiados por esta financiación en cada comunidad autónoma. Cada territorio está diseñando la distribución de estos fondos para la ejecución de estos proyectos de formación de manera independiente, aunque una gran parte del presupuesto se ejecutará a través del entramado educativo formal gestionado por cada comunidad autónoma. Los contenidos de este programa formativo infantil deben desarrollar las áreas competenciales identificadas en el Marco Europeo de Competencias Digitales DigComp 2.1 de la Comisión Europea.

Las entidades de POI Madrid han manifestado en esta reunión su deseo, cuando se articule el formato para la distribución de los fondos, de colaborar con la Administración autonómica ofreciendo sus estructuras, amplia implantación territorial y, sobre todo, una base de potenciales destinatarias, muchas de ellas en situación de dificultad, cuando se articule el formato para la distribución de los fondos. Asimismo, han destacado la importancia de que la cooperación entre la Administración y la iniciativa privada social tenga en consideración las condiciones y estructuras jurídicas de nuestras entidades, cuyos fines sociales sin ánimo de lucro están perfectamente definidos en sus estatutos y, por tanto, también limitan su capacidad competitiva frente a otras propuestas privadas, pues no enfatizan el coste de los proyectos sino la calidad de los mismos, para desarrollar acciones destinadas exclusivamente a la mejora de la vida de las niñas, niños y adolescentes y la reducción de las desigualdades sociales en nuestro territorio.