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Plataforma de Organizaciones de la Infancia

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Martes 2 de febrero de 2021. La falta de suministro eléctrico que llevan sufriendo los más de 1.800 niños y niñas que viven en los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana durante más de 100 días ha empeorado de forma extrema sus condiciones de vida, agravadas también por la alta incidencia de la pandemia, así como las frías temperaturas del invierno. Esta situación pone en riesgo a muchos niños y niñas y provoca una vulneración grave de sus derechos, especialmente en el ámbito de la salud, pero también otros como el acceso a la educación, a vivir en un entorno adecuado o a la protección. 

Por ello 39 organizaciones sociales, entre las que se encuentra la FYME, piden una respuesta urgente a la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno, los Ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada así como a la empresa suministradora de la energía, Naturgy, ante la vulneración de derechos que están viviendo los niños y niñas que viven en la Cañada Real Galiana. Las organizaciones piden en un manifiesto que se prioricen las medidas excepcionales necesarias para el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico a todas las familias afectadas, adecuándose y rehabilitándose la red eléctrica para garantizar un adecuado suministro eléctrico y realizando un peritaje externo que pueda esclarecer las dificultades técnicas para buscar soluciones. Además, consideran de vital importancia realizar una evaluación del impacto que esta situación está teniendo en el bienestar y derechos de los niños y niñas afectados, de cara a la toma de decisiones para reparar el daño e impacto negativo que haya podido tener en los diferentes ámbitos. 

El Real Decreto Ley 37/2020 aprobado el pasado diciembre es muy claro con respecto a la protección que debe darse a los consumidores vulnerables durante el estado de alarma, prohibiendo el corte de suministro eléctrico incluso en el caso de que no pudieran acreditar la titularidad del contrato de suministro. Además, a través del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana firmado en mayo de 2017 existe el compromiso, por parte de todas las administraciones públicas implicadas, de garantizar un adecuado suministro de energía eléctrica a todos los Ciudadanos de la Cañada Real Galiana. Según señalan las organizaciones sociales, dichos compromisos no han sido asumidos ni iniciados.  

Las 39 organizaciones firmantes somos conocedoras de situaciones de extrema gravedad y mostramos nuestra perplejidad y preocupación ante la ausencia de medidas suficientes y adecuadas ante el drama humanitario existente” explica Ricardo Ibarra, Director de la Plataforma de Infancia. “Especialmente grave es en el caso de 20 bebés y de los niños y niñas que se encuentra en situación más vulnerable, convirtiéndose la necesidad de actuar en una emergencia humanitaria en el contexto actual de la pandemia y las bajas temperaturas del invierno”.

Las organizaciones firmantes explican que la posible existencia de actividades delictivas en la zona no puede suponer un menoscabo de los derechos de los niños y las niñas, ni su culpabilización. Igualmente recuerdan, ante la existencia de “enganches en precario”, que las personas afectadas han solicitado contratos dentro de la legalidad, pero estos no han sido facilitados ni “se han esclarecido suficientemente las razones que lo impiden o dificultan” tal y como ha trasladado el Defensor del Pueblo. Así mismo, las organizaciones sociales señalan que es fundamental contar con la opinión de las familias afectadas y garantizar que las medidas que se implementan tengan en cuenta el Interés Superior del Niño tal y como obliga la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Instituciones como el Defensor del Pueblo, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, los relatores especiales de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil o la Plataforma de Infancia han trasladado con anterioridad a las diversas instituciones competentes la necesidad de impulsar medidas, tanto urgentes como a largo plazo, para acabar con esta situación de vulneración de derechos de la infancia.

Las 39 organizaciones firmantes son: Plataforma de Organizaciones de Infancia, Plataforma de Organizaciones de Infancia de Madrid, Federación INJUCAM, Aldeas Infantiles SOS, Amnistía Internacional, ASDE Exploradores de Madrid. Asociación Ciudad Joven, Asociación Jaire, Asociación Mensajeros de la Paz, Asociación Nazaret, Asociación Paideia, Ayuda en Acción, Clínica Jurídica ICADE, Coordinadora de Barrios, Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, Defensa de Niñas y Niños Internacional-DNI España, Educo, Federación Scout Regional de Madrid, Fundación Acrescere, Fundación ALDABA, Fundación Amigó, Fundación ANAR, Fundación Diagrama, Fundación Márgenes y Vínculos, Fundación Proyecto Solidario por la Infancia, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Yehudi Menuhin España, La Rueca Asociación, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, Nuevo Futuro, ONGD SED Solidaridad, Educación y Desarrollo, Plan International, Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla-La Mancha, Save the Children, Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS), UNICEF España.  

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