La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, aún vigente en la actualidad, requiere una actualización que permita recoger los cambios socio-económicos de necesidades y servicios que se han producido en los últimos diecisiete años.

Por ello, la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid abrió, el pasado 16 de junio de 2020, un proceso de consulta pública para la actualización de dicha Ley mediante la elaboración del Anteproyecto de Ley.  

Tal y como refleja el anteproyecto de ley, se pretende:

– Actualizar la estructura y el modo de funcionamiento del Sistema Público de Servicios Sociales.

– Reconocer derechos subjetivos en el ámbito de los servicios sociales, en línea con lo recogido en la normativa comparada.

– Definir las bases de una cartera de servicios sociales ajustad a las necesidades.

– Ordenar las fórmulas de financiación y colaboración con las entidades participantes en el Sistema Público para dotarlo de estabilidad y garantías de calidad.

– Establecer nuevos mecanismos de gobernanza y participación social.

En el contexto de este proceso de elaboración, POI Madrid participó el pasado jueves 25 de junio en un encuentro virtual en la que María Gemma Gallardo Pérez, Directora General de Servicios Sociales e Innovación Social, nos presentó las bases de la futura ley, con la intención, no sólo de compartir las líneas principales, sino de promover un espacio participativo donde poder reflexionar sobre los retos y elementos clave de la misma.

La ley enfatiza la importancia de atender en tres ámbitos fundamentalmente: la autonomía personal, la parentalidad positiva y la inclusión social. Más concretamente, entre las principales aspiraciones sobre las que se está trabajando, cabe destacar las siguientes:

–           Delimitar el perímetro de actuación, que no puede ser subsidiario de otros ámbitos de la protección social.

–           Prepararse para actuar ante los nuevos riesgos sociales (crisis de los cuidados, pobreza, el empleo, la soledad no deseada, la falta de redes de apoyo…)

–           Pasar de la asistencia social residual a la universalización.

–           Centrarse en facilitar apoyo y acompañamiento a las personas y no exclusivamente en la tramitación de prestaciones económicas.

–           Poner el foco en la prevención y en la acción comunitaria.

–           Reforzar la perspectiva de los derechos que han de ser exigibles para que sean realizables.

Otra de las claves sobre las que tanto la D.G de Servicios Sociales como las entidades sociales estamos de acuerdo, es la necesaria coordinación tanto dentro del propio sistema de servicios sociales, como con el resto de sistemas de la administración pública. Así como la cooperación con la iniciativa privada, entendiendo ésta como la labor de las entidades vinculadas con la acción social. De manera que se generen los mecanismos necesarios para articular la colaboración, prever todas las fórmulas posibles (subvención, convenio, concierto y licitación) y la idoneidad de cada una de ellas en función de los servicios. Establecer las bases para un diálogo civil, muy vinculado a la gobernanza, y, en definitiva, reconocer, dentro de la ley, al tercer sector como un actor clave de la intervención socio-comunitaria.

Desde POI Madrid, aplaudimos la noticia, que indudablemente debe llevar aparejada un desarrollo reglamentario que la desarrolle, agradecemos enormemente la oportunidad de participar en estos espacios de reflexión conjunta y confiamos en que la nueva ley se adapte a las exigencias de un contexto social, económico, demográfico y tecnológico normativo que vivimos hoy en día.

Para más información contáctanos en: poimadrid@plataformadeinfancia.org