Compartimos estos datos a nivel nacional y desde POI Madrid en breve facilitaremos la información de Madrid, que se encuentra en proceso de elaboración.

Fuente: Plataforma de Infancia:

El 72% de los fondos extraordinarios del Gobierno y las Comunidades autónomas  destinados a educación, lo que se traduce en 2.373 millones de euros o 206,10 euros de media por estudiante, se destinaron a medidas para adaptar los centros educativos a los protocolos COVID-19. Este es uno de los datos recogidos en el informe del proyecto Cole Seguro “La adaptación a protocolos COVID-19 en un curso escolar atravesado por la pandemia: análisis de la inversión realizada”.

“Esta inversión se ha destinado principalmente a medidas para garantizar la presencialidad, indispensable para asegurar un acceso equitativo al derecho a la educación” ha explicado Carles López, Presidente de la Plataforma de Infancia “En concreto se ha empleado en reforzar los servicios de limpieza, adquirir material de protección personal, contratar docentes para reducir el número de estudiantes por aula, personal para coordinar la implementación de los protocolos o en realizar obras en los centros para adaptar los espacios”.

Al final del curso escolar 2020/21, 3 de cada 4 familias manifestaban que en sus centros se habían seguido respetando las medidas COVID-19 impuestas por las autoridades sanitarias desde principios del  curso, incluso un 16% indicaba que estas habían aumentado en los últimos meses del curso. Por su parte, solo un 9% de las familias indicaba que las medidas de adaptación a los protocolos se habían relajado. Estos datos son homogéneos, sin grandes diferencias por tipología o ubicación del centro educativo.

Territorialmente la adaptación a protocolos COVID-19 ha recibido diferente prioridad presupuestaria. Las Comunidades Autónomas que más prioridad han dado a esta han sido Cantabria, que ha destinado un 88,1% respecto al total de fondos adicionales destinados a dar respuesta a la crisis provocada por la COVID-19 en el ámbito educativo, y la Rioja, que ha destinado un 84,5% sobre el total de inversión adicional. Mientras que las Comunidades Autónomas con menor inversión en esta partida han sido Melilla,  un 46,1%, y Cataluña, un 50,1% sobre el total de inversión adicional.

Con el objetivo de reducir el número de estudiantes por aula, el grueso de la financiación adicional para la adaptación a la COVID-19 en el ámbito educativo se ha destinado a la contratación de personal docente. De hecho, 7 de cada 10 euros adicionales invertidos en educación durante el curso 2020/21 se han destinado a esta partida; aunque esta proporción no es homogénea en todas las Comunidades Autónomas. Oscila desde un 77% de fondos destinados a la contratación de personal docente en La Rioja sobre su inversión adicional total o un 70,6% en Cantabria, a un 25% en Galicia o un 22,6% en Melilla.

“La contratación de personal docente adicional ha tenido muy buena acogida por parte de las familias en España, entre quienes más de la mitad consideran que reducir el número de estudiantes por aula ha mejorado la calidad de la educación (54%)” explica Javier Pérez, Director de Political Watch. “Aunque, cabe destacar que un 11% de las familias consultadas consideran que esta medida ha traído otros problemas como la fusión de grupos con estudiantes de diferentes edades”.

El informe pone de manifiesto también que la mitad de los niños y niñas han visto alterado su derecho al descanso en el centro escolar durante el curso 2020/21. En el 3% de los centros educativos no se pudo salir al patio durante la hora del recreo. En un 47% no se pudo salir todos los días, sino por turnos durante la semana. Para el 3% de  quienes sí pudieron salir al patio, el tiempo de recreo se redujo con respecto a cursos anteriores.

La adaptación a los protocolos COVID-19 para atender las medidas sanitarias ha tenido consecuencias no solo sobre el funcionamiento de los centros a nivel organizativo y en el aula, sino también en la salud mental y el bienestar emocional de los niños y niñas. El uso de mascarilla, el estrés por contagiarse, las cuarentenas por positivos cercanos, la reducción del tiempo de descanso, la posibilidad de salir al patio y de jugar y relacionarse con otros niños y niñas o la suspensión de actividades extraescolares han supuesto un reto para el bienestar de la infancia durante el curso 2020/21.

“Es reseñable que 4 de cada 5 familias a las que hemos preguntado consideran que las medidas que se han tomado pueden impactar negativamente en la salud mental y bienestar emocional de los niños y niñas” ha añadido Pérez, “a pesar de ello, en ningún territorio hemos encontrado evidencias de ejecución presupuestaria relativa a programas para apoyar la salud mental y bienestar emocional de niños y niñas durante el curso 2020/21”.

Más información sobre el proyecto ColeSeguro: https://coleseguro.es/ 

EL INFORME SE PUEDE DESCARGAR EN: https://bit.ly/3h8X1ne