El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y UNICEF han presentado en este mes de octubre los resultados del informe ‘Bases para el Plan de Acción de la Garantía Infantil en España’.

Encargado por la Comisión Europea, coordinado por la oficina regional de UNICEF en Europa (UNICEF ECARO) y liderado por investigadores del CSIC y la Universidad de Alcalá, servirá de punto de partida para la implementación de la Garantía Infantil Europea.

Estos resultados se han presentado en las jornadas ‘Hacia un Plan de Acción Nacional para la Garantía Infantil Europea’ en las que han participado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el alto comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, y el presidente de UNICEF Gustavo Suárez Pertierra.

El alto comisionado ha remarcado la necesidad de “aprovechar de forma coordinada la financiación proveniente del Fondo Social Europeo Plus, el principal instrumento europeo de inversión en las personas, que por primera vez especifica en su reglamento la obligación a los Estados miembro con tasas de pobreza infantil superiores a la media, a dedicar como mínimo el 5% de los recursos, en el caso de España torno a 560 millones de euros para el período 2021-2027, a la lucha contra la pobreza infantil».

Gasco también ha destacado que la implementación de la Garantía Infantil Europea “será un hito importante que marque el compromiso del Gobierno de coalición con los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país. Había dicho al principio que este Gobierno es consciente de la deuda de nuestro país con la infancia y sus derechos. Todo lo anteriormente descrito es parte del esfuerzo para saldarla”.

El objetivo de este informe es estudiar las condiciones de acceso de la infancia vulnerable a los derechos básicos contemplados en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea (GIE), como la educación, la sanidad o la vivienda, así como identificar los retos que España deberá afrontar para garantizar estos derechos mediante la implementación de la GIE.

Los principales resultados arrojados por el informe indican que, aunque los datos disponibles no permiten conocer con detalle la magnitud de los efectos de la pandemia, todo apunta a un incremento de la desigualdad y al deterioro de la situación de los colectivos más vulnerables. Así, los niños, niñas y adolescentes en situaciones familiares precarias son los que sufren las mayores tasas de pobreza y exclusión social. También los niños con discapacidad, los pertenecientes a la minoría gitana o los de origen migrante, se enfrentan a mayores dificultades.

El estudio propone una serie de metas que deberían alcanzarse en 2030 a través de la Garantía Infantil Europea, como reducir al menos a la mitad la proporción de niños que viven en riesgo de pobreza o exclusión social, lograr la misma reducción de los que viven bajo privación material específica para la infancia, duplicar el gasto en educación y cuidados de la primera infancia o alcanzar la media de 2015 de la UE en transferencias monetarias a familias y niños.

En base a los conclusiones y recomendaciones de este estudio durante los próximos seis meses se va a elaborar el Plan de Acción del Gobierno que detallará la forma en la que la Garantía Infantil Europea se va a implementar en nuestro país, así como los mecanismos e indicadores para el seguimiento de su cumplimiento.

Garantía Infantil Europea

Alrededor de uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes (un 18,5%) se encuentran en riesgo de pobreza en Europa, siendo España el tercer país de la UE con mayores tasas de pobreza infantil con un 27,4%, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. Esta situación, según lo que apuntan algunos indicadores ya disponibles como el de carencia material severa, se ha visto, además, agravada por la crisis de la Covid-19, con lo que se hace más urgente que nunca una respuesta europea a esta situación.

La Garantía Infantil se enmarca dentro de una perspectiva más amplia de derechos de la infancia: es uno de los instrumentos principales de la Estrategia Europea de Derechos de la Infancia y del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que en su principio 11 establece que los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos de la pobreza con medidas específicas para mejorar la igualdad de oportunidades.

El objetivo de la Garantía Infantil es garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes de la Unión Europea tengan un acceso gratuito y en igualdad a derechos básicos como la educación y cuidado infantil, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable por día lectivo y salud, y efectivo a vivienda adecuada y nutrición saludable.