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Plataforma de Organizaciones de la Infancia

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La ley de infancia entró en vigor hace nueve meses, pero la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, sigue sin ser una realidad.

Así lo creen las principales organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de niños y de niñas. Valoran, por supuesto, que desde mayo de 2021, cuando se aprobó la norma, ha habido avances en materias relacionadas con la protección de menores pero reclaman que se salga del estancamiento que hay en algunos aspectos y que impide que el texto sea una realidad al 100%.

«Hay cosas que se podrían hacer más rápido o priorizar», expone para ABC Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de la Infancia de Save the Children. Para ella, hay otros marcos en los que sí se está avanzando conforme a la ley, como en la estrategia de la erradicación de la violencia o en la elaboración de protocolos para los centros de acogida, entre otros.

Pero Catalina Perazzo hace un llamamiento para que todo se concrete más y urge a la necesidad de que las acciones se materialicen pronto. «Hay que poner inversión. Hace falta presupuesto para poner en marcha todo, pero también ambición a la hora de implementarla para que no sea un papel mojado», reclama.

Unicef: ‘Entornos Protectores’

Una ley, por tanto, que de momento no está materializada al 100%. «No sabemos cuándo va a estar implementada el cien por cien de la ley porque abarca a muchas entidades y administraciones: a direcciones generales, comunidades autónomas, entidades locales…etc.», señala Almudena Olaguibel, especialista en políticas de infancia de Unicef España

En esta línea y con la intención de que los puntos de la ley se puedan materializar cuanto antes, Unicef ha presentado el proyecto ‘Entornos Protectores’, mediante el que propone una serie de recursos que puedan servir a administraciones y entidades para aplicar la norma, con una hoja de ruta de las actuaciones a seguir.

Las exigencias, sostiene Almudena Olaguibel, se dan «a todos los niveles», aunque apunta especialmente a los servicios sociales: «Tienen la parte más gorda de todo el esfuerzo porque les dota de competencias nuevas, les da una importancia fundamental».

Y para todo ello se necesita un presupuesto con el que cuenten las administraciones para poder ejecutar esos cambios. «Todo exige financiación, pero también el cambio de mirada del profesional, que se consigue con la formación. Hace falta compromiso», concluye.

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