Este 19 de julio se ha presentado el informe de final de curso del proyecto Cole Seguro ‘Un curso escolar atravesado por la pandemia: Análisis de la inversión en educación para la adaptación al contexto COVID-19′ . En él se analiza la inversión adicional realizada por el Estado y las Comunidades Autónomas para garantizar el derecho a la educación durante el curso 2020/2021 y se recogen los datos de una encuesta demoscópica de la percepción de las familias. 

• La inversión adicional en educación durante el curso 2020/2021 garantiza la presencialidad segura pero descuida el bienestar de la infancia.

Durante este curso escolar se ha invertido un 7,9% adicional en educación con respecto al curso inmediatamente anterior a la pandemia. En total, el Estado y las Comunidades Autónomas han destinado 3.559 millones al sector educativo para su adaptación a la COVID-19 durante el curso 2020/2021, que se traducen en una inversión adicional media de 283 euros por estudiante en el ámbito no universitario. Sin embargo, garantizar la presencialidad no lo es todo, durante este curso se han descuidado otros derechos de la infancia, como el derecho al descanso, que se ha visto alterado para uno de cada dos niños y niñas.

Este es uno de los datos recogidos en el informe de la iniciativa Cole Seguro ‘Un curso escolar atravesado por la pandemia: Análisis de la inversión en educación para la adaptación al contexto COVID-19’ elaborado por la Plataforma de Infancia y Political Watch; que se ha presentado este pasado 19 de julio en una jornada online inaugurada por Albert Arcarons, Subdirector de la Oficina del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Carles López, presidente de la Plataforma de Infancia y Javier Pérez, director de Political Watch.

“A la luz de los datos de este informe y de otros informes recientes, el grueso de las medidas desarrolladas y financiadas con fondos públicos han tenido un componente más organizativo que pedagógico o educativo” ha explicado Javier Pérez, director de Political Watch. “No sorprende, por tanto, la percepción de las familias sobre el escaso aprovechamiento educativo durante este curso 2020/2021. Esta es una cuestión fundamental que debe ocupar a las administraciones educativas de cara a la planificación del próximo curso”.

La inversión extraordinaria se ha dedicado prioritariamente a la adaptación de la educación a los protocolos COVID-19; un 72,2% del total de la inversión extraordinaria (206 euros de media por alumno). Esto coincide con la percepción de las familias, 3 de cada 4 familias consultadas manifiesta que en sus centros escolares se han seguido respetando las medidas COVID-19 impuestas por las autoridades sanitarias hasta el final del curso.

Un 16,1% de la inversión extraordinaria se ha dedicado a educación (45,9 por alumno), y un 11,6% específicamente a garantizar la equidad educativa (33 euros por alumno). De hecho, el 87% de las familias opinan que se están tomando medidas en los centros para atender la equidad educativa durante la pandemia, aunque estas siguen sin ser suficientes. Además, las familias con rentas más bajas consideran en una mayor proporción que no se han adoptado medidas para garantizar que todos los niños y niñas puedan continuar con su educación (15% frente al 8% de familias con las rentas más altas).

“Todo ello indica que la planificación de medidas no ha priorizado de forma suficiente el bienestar de la infancia y el cumplimiento integral de sus derechos” ha añadido María Rodríguez, especialista de educación de la Plataforma de Infancia “En particular, su derecho al descanso y al esparcimiento se han visto muy limitados por las medidas sanitarias, afectando directamente a sus relaciones sociales”.

En el 3% de los centros educativos durante este curso no se pudo salir al patio durante la hora del recreo; un 5% de los niños y niñas no pudieron utilizar el espacio de juego en el patio escolar y para un 35% no fue posible relacionarse con personas más allá de sus ‘grupos burbuja’. Además, 4 de cada 5 familias (82%) consideran que las medidas que se han tomado pueden impactar negativamente en la salud mental y el bienestar emocional de los niños y niñas.

“No hemos encontrado ninguna evidencia de ejecución presupuestaria relativa a programas de atención psicológica desde los centros educativos durante el curso 2020/2021” ha añadido María Rodríguez. «La planificación del próximo curso escolar debe incluir partidas específicas, así como restablecer los tiempos y espacios de descanso para niños y niñas en los centros escolares, fundamentales para promover su socialización”.

Durante este curso escolar la educación digital ha vivido grandes avances, facilitados por la inversión de 528 millones de euros dedicados a esta partida. El porcentaje de familias que consideran que la educación digital ha sido buena o excelente ha aumentado del 39 al 56% a lo largo del curso. Sin embargo, aún queda camino por recorrer en los programas de formación para la adquisición de competencias digitales, especialmente para garantizar la inclusión digital de aquellos colectivos más vulnerables.

Fruto de la experiencia de analizar la inversión y la ejecución de fondos públicos durante el curso 2020/2021, el informe ofrece también un diagnóstico del nivel de accesibilidad a la información y de rendición de cuentas de las Comunidades Autónomas. “Las dificultades para acceder a la información pública necesaria para vigilar y evaluar la inversión y ejecución de fondos públicos va a adquirir mayor trascendencia, si cabe, con la llegada de los primeros Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia” asegura Javier Pérez “El compromiso con la transparencia y el derecho de acceso a la información es esencial para permitir la fiscalización externa y un debate público informado sobre el desempeño de los poderes públicos y para garantizar, en definitiva, los derechos de la ciudadanía”.

Más información sobre el proyecto ColeSeguro: https://coleseguro.es

El informe completo se puede descargar aquí: https://cutt.ly/YmBJQfX